Cada 7 horas un guerrillero abandona las armas

En último año mil guerrilleros abandonen las filas de las organizaciones terroristas.

El Gobierno puso en marcha una nueva iniciativa para incentivar la desmovilización de miembros de grupos armados al margen de la ley, que según cifras oficiales en último año cerca de mil guerrilleros abandonaron las armas para acogerse a los programas del Estado.

El Ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que cada día se entregan voluntariamente a la Fuerza Pública tres miembros de organizaciones terroristas.

Cada siete horas un integrante de estos grupos armados ilegales resuelve abandonar las estructuras guerrilleras, lo cual demuestra la efectividad de las Fuerzas Armadas, porque son los soldados y policías de Colombia los verdaderos constructores de la paz”, aseguró Pinzón durante el lanzamiento de una nueva campaña del Grupo Humanitario de Ayuda al Desmovilizado, del Ministerio de Defensa Nacional.

Esta campaña busca motivar la desmovilización de guerrilleros a través del fortalecimiento de las instituciones militares y de policía, entregando como opción de vida el abandono de las armas.

“La presión militar que ejercemos sin descanso, las constantes operaciones en todas las regiones de Colombia, la presencia permanente de nuestras Fuerzas Militares y de Policía en los antiguos corredores de movilidad de la guerrilla los ha llevado a reconocer que ya no hay lugar seguro donde puedan estar, y por eso ven la desmovilización como una opción de vida”, agregó Pinzón.

Informó, además, que en los últimos dos años han abandonado las filas de la guerrilla 1.800 personas, de las cuales 82 por ciento eran de las Farc. Del total, 24 por ciento son mujeres y todas las 432 denuncian la violación sistemática de sus derechos.

“Ejemplos como los de alias ‘Héctor 44’, mano derecha del ‘Mono Jojoy’ y con 14 años en la guerrilla, o el de alias ‘Efrén Caracho’, que estuvo más de 22 años en las Farc, quienes al desmovilizarse aseguraron que las armas ya no son la vía para llegar al poder, demuestran la efectividad de las políticas de desarme, desmovilización y reintegración, recalcó el ministro Pinzón.

Como ellos, más de 200 guerrilleros con mando se han presentado en los últimos meses para desmovilizarse y otros 342 abandonaron las armas tras más de 10 años en la insurgencia.

Finalmente, Pinzón resaltó que el 17% de los que han dejado la guerrilla son menores de edad. “Esto demuestra que los niños siguen siendo un objetivo para estos grupos, que los seducen por medio de engaños para que tomen las armas”, explicó.
(Publicado en Elespectador.com, 20/03/2013)

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El arma en el hombre, de Horacio Castellanos Moya. Por Juan Antonio Masoliver Ródenas

El fin de los ideales Horacio Castellanos Moya, El arma en el hombre, Tusquets, Barcelona, 2001, 132 pp. En Los de abajo, la primera gran novela de la Revolución mexicana, Mariano Azuela parece desdramatizar la muerte de uno de los escasos personajes nobles, el oficial revolucionario Alberto Solís: “Sintió un golpecito seco en el vientre, y como si las piernas se le hubiesen vuelto de trapo (…) Después, oscuridad y silencio eternos”. Y al final de la novela, en una sierra en gala donde las cigarras entonan su canto imperturbable, las palomas cantan con dulzura y ramonean apaciblemente las vacas, vemos al héroe revolucionario Demetrio Macías que, “con los ojos fijos para siempre, sigue apuntando con el cañón del fusil”.
En los relatos de Juan Rulfo, en los que aparece como fondo la revolución traicionada o la guerra de los cristeros (una mezcla de guerrilleros de Cristo Rey y de fundamentalistas), también la muerte es aceptada con escalofriante naturalidad. Así, en “En la madrugada”, por poner un ejemplo entre muchos, Justo Brambila “no sentía dolor, sólo una cosa negra que le fue oscureciendo el pensamiento hasta la oscuridad total”.
El grupo de rebeldes de Demetrio ignoran por qué causa luchan y, para Luis Cervantes, “revolucionarios, bandidos o como quisiera llamárseles, ellos iban aderrocar al gobierno; el mañana les pertenecía; había que estar, pues, con ellos”. Cuando Pedro Páramo pregunta a uno de los abanderados por qué se han levantado en armas, le contesta que porque otros lo han hecho también. “Aguardemos tantito a que nos lleguen instrucciones y entonces averiguaremos la causa”. Y la filosofía de Pedro Páramo es que “hay que estar con el que vaya ganando”.
Azuela vivió la revolución y Rulfo sufrió la consecuencia de la guerra de los cristeros: fueron, para ambos, experiencias trágicas.
Horacio Castellanos Moya, nacido en El Salvador en 1957, ha sido testigo de las distintas formas de violencia en Centroamérica y, por sus actividades como escritor, ha conocido el exilio en más de una ocasión. Sin duda, conoce la tradición de la literatura de las revoluciones traicionadas y de una violencia que acaba por convertirse en gratuita. Pero en El arma en el hombre no presenciamos el proceso que va de un ideal a la corrupción de dicho ideal, sino sólo las consecuencias definitivas, donde ya no hay un ideal como punto de referencia. De ahí que, más allá de una tradición literaria, el escritor tenga que recurrir a una mitología de la violencia más actual: la cinematográfica.
El protagonista y narrador es Juan Alberto García, nacido en Ilopango, un barrio pobre de San Salvador. Mide un metro noventa y pesa ciento veinte kilos. Trabajaba en una fábrica de ropa interior cuando lo reclutaron, en 1983, a la edad de veinte años, y “llegué a sargento gracias a mis aptitudes; mi escuela fue la guerra”. Todo el mundo lo llama Robocop, como el policía de la película de Paul Verhoeven, a quien, al salvarle la vida, convierten en un robot sin memoria que sólo piensa en ser un policía perfecto al servicio de una poderosa compañía.
Esta “poderosa compañía”, en la novela de Castellanos, son las Fuerzas Armadas. Robocop (su verdadero nombre sólo aparece una vez en toda la novela) pertenece al batallón Acahuapa, “el cuerpo de élite, los más temibles, quienes habíamos detenido y hecho retroceder a los terroristas”, pero cuando sus jefes y los llamados terroristas llegan a un acuerdo y termina la guerra, lo desmovilizan y lo tiran a la calle.
En ningún momento se nos dice en esta novela en qué consistió la lucha y cuáles son las ideas de Robocop, una persona de deficiente preparación intelectual. Extraña el combate y necesita acción, pero no lucha en nombre de ninguna idea, tal vez ni siquiera de una abstracta fidelidad. Sólo cree en “la misión”. Cuando termina la guerra hay una campaña de desprestigio contra su cuerpo por parte de los terroristas, y “el hecho de que una unidad del batallón haya participado en la ejecución de unos curas jesuitas españoles también fue utilizado para acosarnos”. Pero lo que en realidad desprecia de los llamados terroristas es que se hayan convertido en políticos encorbatados.
Pronto descubriremos que si Robocop carece de ideas políticas es porque dichas ideas no existen. A través de sus actividades se nos revela que todo Centroamérica, o por lo menos El Salvador y Guatemala, es una compleja red de organizaciones terroristas: las Fuerzas Armadas, la policía o los traficantes de drogas. Su compañero Bruno le propone que se integre en la agrupación de desmovilización (¡su madre y su hermana pertenecen a un comité de solidaridad con los terroristas en Los Ángeles!), liderado por el sargento Patiño, infiltrado de los terroristas. Acaba robando coches para una poderosa red internacional, “La banda de los coyotes”, y descubre que El Coyote tiene vínculos políticos.
Cuando el mayor Linares decide reactivar la unidad operativa contra el terrorismo, le tienden una trampa que decidirá su caída definitiva, al asesinar a la señora Olga María de Trabanino, una mujer de buena familia vinculada sin embargo con el Tío Pepe, un poderosísimo político vinculado con la droga, por lo que pronto es detenido. Consigue huir a Guatemala y se incorpora, paradójicamente, a “La corporación del Tío Pepe”. Entramos así en el mundo del narcotráfico. Y cuando es detenido de nuevo, todavía le queda una última oportunidad: la de unirse a la guerra contra la droga. “Es tu chance de convertirte en un verdadero Robocop”, le dice un agente antinarcóticos.
Robocop es un verdadero robot al servicio de organizaciones cuyas dimensiones y significación se le escapan. Carece de cerebro y de corazón. Su relación más duradera es con Vilma, una prostituta. Cuando ella le sugiere que se entregue antes de que lo maten él le ordena que se calle, “yo ahora necesitaba su carne. Luego de más de dos meses de abstinencia, carne de verdad”. Una vez sosegado, le cuenta su cadena de crímenes y “más tarde, después de pasar al retrete, cuando ella dormitaba boca abajo, le hice un orificio en la espalda”.
La acumulación de traiciones y los continuos desplazamientos de Robocop, buscando y huyendo, revelan su incapacidad para entender el mundo que le rodea. Los coches y los aviones son expresión del vértigo y del desconcierto. Y si no hay concesiones sentimentales en la relación entre los distintos personajes tampoco la hay en la prosa de Horacio Castellanos, violenta de tan desnuda e impasible a la hora de describir la violencia. Las mágicas flores en un mágico escenario son plantaciones de amapolas. Los únicos niños que aparecen son los testigos del asesinato de sus padres. Este delirio de la violencia está expresado de forma especialmente intensa en el capítulo 18, uno de los mejores del libro. Y al salir de esta pesadilla provocada por la droga, el lector regresa de nuevo, a través de la implacable prosa del narrador, a la pesadilla de la realidad de una región y de un continente. Que es, de pronto, nuestra pesadilla. –

(Publicado en Letras Libres, noviembre de 2001)

Colombia: la violencia sexual impune en el marco del conflicto armado

 


Desde hace semanas se están celebrando negociaciones entre el Gobierno de Colombia y los representantes de las FARC-EP. El último punto de la agenda, “Víctimas y verdad”, prevé la creación de una comisión de la verdad para el resarcimiento de las víctimas del conflicto. El punto de reparación se torna aún más difícil, especialmente si se trata de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una situación que en Colombia ha quedado marcada por la impunidad de los agresores.

Mª Cruz Tornay – Feminicidio.net – 11/03/2013

Colombia, Bogotá – La Habana acoge desde hace semanas la última ronda de negociaciones entre el Gobierno de Colombia y los representantes de las FARC-EP con el objetivo de poner fin a cincuenta años de conflicto armado. La mesa de diálogo se apoya en cinco puntos clave que constituyen los grandes ejes sobre los que deberá construirse la paz.

El último punto de la agenda, que se ha dado a llamar “Víctimas y verdad”, prevé la creación de una comisión de la verdad con la que se pretende lograr el resarcimiento de las víctimas del conflicto. Aunque la agenda completa es de gran complejidad, el punto de reparación se torna aún más difícil, especialmente si se trata de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado, una situación que en Colombia ha quedado marcada por la impunidad de los agresores.

Según datos del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en Colombia existen cerca de cuatro millones de desplazados internos, lo que lo convierte en uno de los países del mundo con mayor población desplazada. Organizaciones como la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (CODHES) elevan esta cifra a cinco millones de desplazados desde los años 80 como consecuencia del conflicto.

En lo que sí coinciden las cifras es en que la mayor parte de la población que abandona su territorio pertenece a zonas rurales en las que predominan las comunidades afrodescendientes e indígenas, que en sí mismas son identificadas como los grupos más vulnerables a la violencia, pero cuya situación se agrava si se tiene en cuenta que el 80 por ciento de las personas desplazadas son mujeres, niñas y niños.

La defensora delegada para los derechos de la Niñez, la Juventud y la Mujer de Colombia, Pilar Rueda, explica cómo el desplazamiento forzado genera condiciones de vulnerabilidad muy graves para estas mujeres, ya que se convierte en “puerta de entrada” a las demás violencias.

A pesar de las amenazas que agravan la situación de desplazamiento, desde la Defensoría del Pueblo se alerta de que ésta no es la única circunstancia en la que las mujeres son víctimas de violencia o de abuso sexual. Las niñas y adolescentes víctimas no son necesariamente desplazadas, sino que muchas de ellas son indígenas y afrodescendientes víctimas de trata y violencia sexual “en zonas altamente militarizadas” por cualquiera de los agentes que participa en el conflicto. Según la delegada defensora, el conflicto armado genera “una mayor sofisticación” de las prácticas de violencia que ya enfrentan mujeres, niñas y jóvenes en cualquier contexto.

Según los datos del Instituto de Medicina Legal, las principales víctimas de violencia sexual en Colombia son niñas de entre 7 y 14 años, si bien las circunstancias que caracterizan a la violencia en el país impiden determinar con exactitud el número de agresiones. Sólo en 2011 hubo 23.000 dictámenes sexológicos en todo el país de los que se desconoce cuántos se habían cometido en el marco del conflicto armado. “Si eso es en el país, qué ocurre en las zonas armadas donde la arbitrariedad y el abuso por los agentes armados es frecuente”, apunta la delegada defensora.

En áreas militarizadas existen zonas con “sobre población masculina” donde hombres “solos y armados” conviven con población tradicionalmente discriminada, como la indígena o afrodescendiente. En estos contextos se combinan factores de riesgo para las mujeres y niñas: comunidades alejadas de difícil acceso, racismo y una población indígena de mujeres y niñas mínima frente a la población masculina.


Ausencia de denuncias e impunidad

Las características que determinan la violencia sexual en Colombia son claves para entender la dimensión y gravedad que alcanza este problema en el país y para el que no existen cifras ni caracterización. Precisamente, la falta de información, la ausencia de denuncias y el subregistro son algunas de las situaciones habituales que rodean a la violencia sexual y que impiden conocer en profundidad y de forma detallada una lacra que afecta a miles de mujeres y niñas.

El subregistro de la violencia en Colombia llega a tal punto que la Defensoría de la Mujer estima que sólo son denunciados 20 de cada 100 delitos cometidos en el país. La ausencia de denuncias y las malas prácticas en los centros de recepción son algunas de las causas que originan la falta de información y la impunidad de los agresores, lo que, a su vez, desanima a las víctimas a denunciar. La corrupción y las relaciones entre la institución y grupos armados permiten que, en ocasiones, la denuncia llegue hasta el propio agresor y comience la revictimización de la mujer agredida.

La “profunda subvaloración” de este tipo de delitos, como así lo califica la defensora delegada, se esconde detrás de la impunidad de la que gozan los victimarios y que estos crímenes se sigan cometiendo mientras no se realice un trabajo por superar la impunidad. En este sentido, prácticamente no existen sentencias para víctimas de violencia sexual en conflicto armado en Colombia. Según apuntan desde la Defensoría, sólo se ha dado el caso de un teniente condenando por violar y asesinar a una niña y a sus hermanos menores. El caso se tramitó por justicia ordinaria y pudo llevarse a cabo la investigación y persecución porque se encontraron los cuerpos de los menores. Diez días antes de que se cometieran los asesinatos, una niña había denunciado a este mismo teniente por violación.

La subvaloración histórica de los delitos contra las mujeres penetra en las mismas instituciones que deben velar por poner fin a la impunidad. En el caso del sector judicial, los atentados contra la libertad sexual todavía no son tenidos en cuenta como delitos graves.

A pesar de que el país cuenta con una normativa dirigida a erradicar la violencia machista, la última reforma del sistema penal estableció la rebaja de la pena por confesión del delito, principio que no se aplica en los casos de violencia sexual. Estos casos requieren la apertura de un proceso de investigación que en ocasiones no se logra iniciar por la ausencia de prueba pericial que verifique la presencia de restos biológicos. Hay casos es los que los abusos cometidos son tan graves que no es posible hallar sustancias que determinen la carga de la prueba física. En contra de lo previsto en el Estatuto de Roma sobre abusos en conflicto armado, los operadores judiciales en Colombia no suelen tener en cuenta ni dan credibilidad al testimonio de las víctimas, lo que suele implicar el cierre de la investigación.

Con todo, antes de que los delitos lleguen a los tribunales existen una serie de obstáculos que impiden que muchos de los actos de violencia sexual puedan resolverse judicialmente y se logre acabar con la impunidad. En el caso de violencia sexual en el marco del conflicto armado, se han identificado dificultades para las mujeres en el acceso a los servicios de salud, como el hecho de que la violencia sexual no sea tenida en cuenta como una urgencia. Igualmente, las mujeres sufren de forma habitual la revictimización en hospitales, donde no siempre es fácil aplicar la interrupción voluntaria del embarazo, a pesar de ser un derecho.

En los sectores judicial y de salud se identifican los obstáculos más graves para las mujeres en el proceso de denuncia y asistencia, hasta tal punto, que, en ocasiones, el primer filtro que tiene que superar la víctima es el que realiza el conserje del propio centro. En la Defensoría constan casos de mujeres agredidas a las que se les ha mandado que fueran a su casa a asearse antes de pasar consulta.

Violencia en lideresas

La contextualización de la violencia sexual en zonas de conflicto implica la crueldad y el ensañamiento como un ejercicio de poder característico en este tipo de delitos que en Colombia se tipifica como violencia intrafamiliar, lo que resta gravedad a la importancia de los hechos.

En el caso de agresiones a mujeres que gozan de reconocimiento, se observa de forma particular el ensañamiento y la humillación como medio para debilitar su liderazgo. Aunque todavía no se han identificado a los culpables por la lentitud de las investigaciones, del testimonio de las víctimas se evidencia que es su influencia y credibilidad en el ámbito en el que se desarrollan lo que las convierte en enemigas para los agresores.

(Publicado en Femininidio.net. Post recomendado por Sandra Jiménez Serrano)

El orden desarmado

El orden desarmado. La resistencia de la Asociación de Trabajadores Campesinos del Carare (ATCC), es un informe elaborado por el Grupo de Memoria Histórica donde se recopila los veinticuatro años de trayectoria de una organización que terminó por convertirse en blanco de todos los grupos armados colombianos.

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El libro que relata la tragedia, para no repetirla

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7:37 p.m. | 27 de Febrero del 2013

Recordar la tragedia, para no repetirla

Tras cada visita a una comunidad afectada por la violencia, el grupo ha escrito un libro.

Foto: Cortesía Centro de Memoria Histórica

Con la voz de las víctimas, el Centro de Memoria Histórica reconstruye la violencia del país.

“De cualquier manera que termine esta guerra, nosotros ya la hemos ganado. Ninguno de ustedes quedará para contarla. Pero incluso si alguno lograra escapar y hablar, el mundo no le creería”. Esto le dijo un soldado nazi al autor judío Primo Levy, una víctima del Holocausto que, en efecto, sobrevivió para contarlo: dejó su memoria escrita en su Trilogía de Auschwitz.

Algo parecido podría pasar en Colombia.

Que no se creyera, su violencia.

“(…) A las personas que sabíamos que iban a ejecutar las llevaban al curso de enfermeros de combate para las prácticas. Con ellas enseñábamos a suturar, a hacer necropsias. Sobre personas vivas se aprendía mejor (…). Se asfixiaban con una toalla en la cara y se les tapaba la nariz y la boca. Se abrían para enseñar a los muchachos cómo se compone una persona para enterrarla”.

Lo anterior pasó aquí, en el sur de Putumayo, con campesinos a quienes los paramilitares tildaban de guerrilleros.

“(…) A Zoila la sacaron de la cama, en pijama, y la ahorcaron con una cuerda de nylon entre dos hombres. Cada uno halaba de una punta. Mientras la ahorcaban, los hombres la acosaban preguntando dónde tenía escondido el oro. Cuando estaba a punto de desvanecerse, uno de ellos le partió la cabeza de un hachazo”.

Lo anterior pasó aquí, en el municipio de Segovia (Antioquia), en la masacre de 1988.

“(…) Allí llegó el tipo ese y se paró delante de mí, y dijo: ‘Vamos a empezar y al que le caiga el número 30, se muere’. Yo caí el número 18 y dije: ‘Dios mío, no soy yo’. El 30 estaba allá. A ese señor, como de 60 años, lo mataron a cuchillo, rajándolo, cortándolo, torturándolo. Él clamaba, y ellos le dijeron “no te salva ni el putas”.

Lo anterior pasó aquí, en El Salado, corregimiento de El Carmen de Bolívar, en la masacre vivida hace 13 años.

Todo esto, y más, podría haber quedado en el silencio. Pero se conoce gracias al trabajo del equipo de investigadores del Centro de Memoria Histórica, que se ha dedicado a recorrer el país, a oír a las víctimas, a recoger sus historias y de esta manera armar un relato de lo que ha sido el conflicto colombiano reciente. Hasta el momento, el Centro ha publicado 18 libros detallados sobre las masacres de Trujillo, El Salado, Bojayá, Remedios, Segovia, La Rochela, entre otras historias.

-¿Para qué recordar?

Esa es una de las preguntas con las que se encuentran los investigadores cuando llegan al territorio de las víctimas. Y tiene sentido: son personas que quizá solo quieran olvidar la tragedia vivida. Sin embargo, en medio del proceso de trabajo -el equipo hace un acercamiento lento, respetuoso, primero realiza talleres donde explican la importancia de hacer memoria- las víctimas terminan por darse cuenta de que es útil hablar.

-¿Para qué recordar? -se repiten todavía.

Pero ya tienen respuesta:

-Para que se sepa.

“En este país donde ha pasado tanto, la violencia se ha banalizado.
Sin embargo, la gente tiene necesidad de contar lo que le ocurrió. Incluso, es una urgencia mucho mayor que la reparación”, dice el historiador Gonzalo Sánchez, director del Centro.

Desde el 2005, cuando esta entidad nació y era parte de la Comisión Nacional de Reparación (a partir de la existencia de la Ley de Víctimas, el Centro funciona de forma autónoma), Sánchez ha llevado la batuta y conformado un equipo de historiadores, antropólogos, sociólogos expertos en el tema. Tiene claro que una de sus tareas centrales es crear confianza, como depositarios de la historia, porque muchas personas no sienten que las condiciones estén dadas para hablar.

El primer relato que el Centro de Memoria recogió fue el de la tragedia vivida en el municipio de Trujillo, norte del Valle, donde cientos de personas sufrieron masacres, asesinatos selectivos, torturas, terrorismo y desaparición forzada de 1988 a 1994. Hubo razones para escoger Trujillo como el primer trabajo:

“Necesitábamos un caso que permitiera ilustrar el hecho de que estábamos dispuestos a asumir la verdad con todas sus implicaciones -dice Sánchez-. Era como una prueba: vamos a ver hasta dónde soporta la verdad el país. Creo que la prueba se pasó. Trujillo es uno de los casos con mayor impunidad. Como dice el título del libro: es Una tragedia que no cesa.

* * * *

A partir de ese trabajo comenzó la elección de otros sucesos que fueran representativos del conflicto (el objetivo principal del Centro es realizar un informe general sobre la violencia en el país, que será entregado en el segundo semestre de este año), para lo cual tuvieron en cuenta diversas modalidades, actores, regiones o grupos étnicos. Les interesaba, también, que fueran casos que significaran un desafío en cuanto a memoria. “En nuestro trabajo buscamos hacer visible lo que el victimario quiso volver invisible”, dice Andrés Suárez, investigador. Las voces protagonistas son las de las víctimas, y los relatos llegan hasta donde ellas lo permitan.
En ocasiones, reciben solo silencio.

Se han dado cuenta de que la tragedia de un lugar no empezó cuando sucedió una masacre ni se acabó cuando los tiros dejaron de sonar. “En Colombia solemos poner el acento en el caso concreto -agrega Suárez-. Pero lo que hemos visto es que la historia de violencia ha empezado antes y no ha terminado”. Los investigadores ponen como ejemplo Bojayá: los hechos trágicos del 2002 tienen un antecedente en los 90, y no cubren solo esa zona, sino envuelven todo el Atrato. El grupo, en sus libros, ha logrado darle ese contexto histórico y sociológico a cada hecho violento, como si se tratara de jalar el hilo para lograr entender las raíces.

Están haciendo memoria en medio del conflicto, lo saben. Tienen claro que están narrando algo que no se ha acabado. Martha Nubia Bello, coordinadora del informe general sobre memoria y conflicto armado del centro, acepta que experiencias internacionales (como las de Chile, Argentina o Alemania) muestran que lo habitual es que esta tarea se haga después. “Sin embargo, nosotros creemos que la memoria también puede ser un recurso para la transformación del conflicto, en la medida en que se relaciona con la justicia y el reconocimiento”, dice. Y hay otra razón para hacer esta labor en medio del conflicto: muchos de los protagonistas, que saben la verdad de primera mano, se están muriendo. “Son los viejos -dice-. Este trabajo es ahora, o no hay memoria”.

Pisan terreno minado. Han visto que hay sectores a los que les interesa que la verdad se conozca y otros a los que, por el contrario, les molesta e incluso pretenden incidir en el camino de sus investigaciones. Aunque su objetivo no es que sus resultados se impongan en el ámbito jurídico, sí pretenden que los responsables asuman los hechos. El reconocimiento de la víctima no puede ser solamente social.

“Al comienzo nos veían como sustitutos del juez -dice Sánchez-.
Luego hubo una diferenciación clara en la que se vio que la labor de la memoria es una y la de la justicia es otra. Pero ahora vivimos un tercer momento, donde la memoria está en colaboración con el trabajo judicial”. Esto lo vieron, por ejemplo, cuando el caso de San Carlos llegó a los tribunales y los jueces, gracias al trabajo del Centro de Memoria, entendieron el contexto en el que había sucedido todo en este municipio antioqueño que, por la guerra, pasó de tener 26.000 habitantes a contar con 11.000.

Es una tarea agotadora que muchas veces los deja sin aliento.
Pero los investigadores se complacen en el hecho de que su objetivo no es solo contar la guerra, sino también describir la resistencia de las víctimas, sus propios esfuerzos de reparación.
Uno de los proyectos que más los entusiasman es la próxima creación de un museo que tendrá sede en Bogotá y que dará cuenta de lo que ha pasado en el país en los años recientes.

Pero el mejor momento para ellos, sin duda, es cuando tienen en sus manos los libros que han escrito sobre la historia de una población y vuelven allá a entregar un ejemplar de casa en casa.
“Algunas comunidades le rinden verdadero culto al libro”, cuenta Suárez. Como si pensaran que, al estar su historia ya contada en papel, hubieran comenzado a existir.

María Paulina Ortiz
Redacción EL TIEMPO

(Post publicado a propuesta de Sandra Jiménez)

Juicio Político. Mayoría de sectores del FA y Familiares de Desaparecidos no apoyan

El País Digital (Uruguay) 25 de febrero de 2013

La sede de la Suprema Corte contará con vigilancia especial debido a la marcha de hoy contra el fallo que declaró inconstitucional la ley interpretativa de la ley de Caducidad. El juicio político a la Corte pierde fuerza.Una marcha contra el fallo del pasado viernes de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el análisis que el Directorio del Partido Nacional hará sobre las críticas a la Corporación Judicial por parte del Frente Amplio -que incluyen la posibilidad de un juicio político que planteó el MPP- marcarán este lunes.

El Frente Amplio, el Pit-Cnt, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y otras organizaciones sociales convocaron a una concentración hoy lunes a la hora 18 frente a la SCJ contra la decisión de declarar inconstitucional la ley interpretativa de la caducidad.

Con el antecedente de la ocupación de la Corte el pasado 15 de febrero por el traslado de la jueza Mariana Mota de la órbita penal a la civil, habrá medidas especiales de seguridad para la concentración de hoy.

Aunque a la hora de la movilización la Corte no estará operativa (el Poder Judicial trabaja en horario matutino en verano), las autoridades ya coordinaron un operativo de seguridad para evitar incidentes. Habrá un importante despliegue policial que incluirá el vallado de la sede de la Corporación, dijeron fuentes judiciales a El País.

En esta jornada están previstas dos actividades públicas en la SCJ, para las cuales también está prevista una vigilancia especial con el objetivo de prevenir cualquier tipo de incidente. A la hora 10 prestarán juramento abogados recién recibidos y a la hora 11 se realizará una actividad protocolar en la cual cuatro jueces prestarán juramento como nuevos ministros del Tribunal de Apelaciones.

Además de la concentración ante la Corte, la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos realizará un festival artístico en el Velódromo Municipal desde la hora 19.45, que fue programado antes de que se conociese el fallo de inconstitucionalidad de la SCJ el pasado viernes. El festival tiene como objetivo juntar fondos para esta organización y en el mismo actuarán grupos de Carnaval.

El Directorio del Partido Nacional analizará lo ocurrido a raíz de la sentencia de la SCJ, en especial las críticas que surgieron desde el Frente Amplio, que desde filas blancas son vistos como presiones a la Justicia y un ataque a la separación de poderes.

El senador y precandidato Sergio Abreu adelantó que propondrá una declaración de respaldo a la SCJ “para que no se politice la Justicia”. “No puede haber ninguna concesión a dudas sobre la administración de la Justicia, porque esto ya lo vivimos y el partido tiene que reforzar la fuerza de la ley y el Estado de Derecho”, sostuvo

Abreu también hará un planteo sobre el tema económico y tributario y centrará su mensaje en “no más impuestos”, expresó a El País.

SIN APOYO. En tanto, pierde fuerza la posibilidad de un juicio político a la Suprema Corte de Justicia que planteó el Movimiento de Participación Popular (MPP).

La propuesta no recibió el apoyo de otros sectores del Frente Amplio -con excepción del Partido Comunista- ni de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos y dirigentes del propio MPP comenzaron a relativizarla.

Entre ellos, la senadora y esposa del presidente José Mujica, Lucía Topolansky, quien en declaraciones a radio El Espectador aseguró que “respeta los fallos” y que no está resuelto iniciar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia, el que de prosperar debe ser decidido por todo el Frente Amplio y no será por sentencias sino por las respuestas que no brindó la Corporación al Parlamento respecto del traslado de la jueza Mariana Mota de Penal a Civil.

“Si no contesta hay que discutir si eso dispara el mecanismo de juicio político. Es por este caso no por los fallos. Además los fallos tienen dos visiones, porque hay un ministro que no votó”, afirmó. Adelantó que si el traslado de Mota se ajusta a todas las normas “no hay nada que hacer”:

El sábado, la Dirección del MPP emitió una declaración en que ratificó la declaración del Secretariado Político del sector. La misma señaló que la mayoría de la Suprema Corte es “responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República”. También acusa a la SCJ de “incumplimiento” de procedimientos para el traslado de la jueza Mota, lo que “resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad de los artículos 2 y 3 de la Ley 18.831”. Por ello, el MPP asegura que se recorrerán los “caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas”.

Óscar Urtazun, vocero de la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos-Desaparecidos dijo que esa organización no se planteó nunca impulsar o apoyar un juicio político a la Suprema Corte de Justicia, si bien se está claramente contra la sentencia referida a la ley interpretativa de la Caducidad.

“Me parece un descalabro institucional, desmesurado”, dijo Urtazun. “Sí estamos poniendo dudas en cosas de la SCJ, porque la sentimos divorciada de la justicia”, al desconocer los tratados internacionales”, aclaró. “Vamos a seguir comunicándonos con los movimientos sociales y de derechos humanos para ver nuevos caminos” con el fin de obtener justicia, expresó Urtazun. A su entender, “el signo de la Corte es negativo” a los intereses de los familiares de desaparecidos, “fundamentalmente después de su nueva integración”.

“Perdimos en calidad, en respeto a tratados internacionales, en confianza a la Corte. La comunidad internacional está mirando hacia nosotros. Ya se manifestó la ONU y seguirán habiendo manifestaciones” contrarias al fallo, acotó.

Críticas de una jerarca de ONU

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, expresó ayer domingo su “grave preocupación” luego de que la Suprema Corte de Justicia declarase inconstitucionales algunos artículos de la ley 18.831 de 2011, que dejó sin efecto la Ley de Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado (ley 15.848), cuestionando así la sentencia.

“Estoy sorprendida y preocupada por este fallo de la Suprema Corte, que declara inconstitucionales algunos artículos de la ley que permitió llevar ante la justicia violaciones a los derechos humanos cometidas durante el régimen militar de 1973 a 1985, anulando así la amnistía de facto en el país”, expresó la Alta Comisionada.

“Me preocupa seriamente que estos hechos puedan restablecer las sombras de la impunidad en un país que ha comenzado a conciliarse con la verdad y la justicia, para el pleno cumplimiento de sus obligaciones derivadas del derecho internacional”, concluyó Pillay. La sentencia, adoptada por los magistrados “abre el camino para el cierre de las investigaciones en curso sobre violaciones de derechos humanos, violando el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”, señala el comunicado de la Alta Comisionada.

El comunicado califica de “alarmante noticia” el fallo y recuerda el traslado de la jueza Mariana Mota.

El País Digital (Uruguay)

Narcotráfico y fútbol en Colombia: pasado y presente

RAZÓNPÚBLICA.COM
Domingo, 30 de Septiembre de 2012 22:53
Una historia alarmante de las viejas y estrechas relaciones entre la mafia y el deporte que atrae muchedumbres. Y esos dineros sucios siguen rondando.

 

Alejandro_Pino_Calad_Millonarios_Escobar
Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso.   Foto: diarioadn.co

El bombazoEl 25 de septiembre Felipe Gaitán, en una entrevista radial sobre algo totalmente diferente (la presencia de club que preside, Millonarios, en Madrid, España), dejó caer una bomba que sacudió el fútbol profesional colombiano: la propuesta que circula dentro de la institución para devolver los títulos conseguidos bajo la administración de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias ‘El Mexicano’. Si bien Gaitán fue claro al señalar que es una discusión que “está sobre la mesa y le faltan muchas horas de debate”, las reacciones fueron de todo tipo:

-Por un lado los jugadores que dieron las vueltas olímpicas de 1987 y 1988 exigieron respeto (Eduardo Pimentel, hoy máximo accionista del Chicó, exigió incluso la renuncia de Gaitán por ofender la historia del club).

-Por otro lado algunos hinchas del equipo se sintieron acusados y las barras se reunieron para publicar un comunicado oficial donde exigen “desagraviar pública, inmediata y contundentemente a Millonarios, a su hinchada y a quienes pertenecieron al equipo en el período en cuestión”.

-Los dirigentes de otros clubes implicados en el narcotráfico prefirieron ignorar el tema: Estamos tranquilos con nuestros títulos”, manifestó Juan Carlos De La Cuesta, quien señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro, y por el lado del América ni siquiera hubo palabras al respecto.

Lo cierto es que Gaitán destapó un pasado que duele a los personajes del fútbol colombiano, quienes no tienen madurez para afrontar los errores de los 80 y prefieren ignorar que la sombra del narcotráfico aún está presente.

Los comienzos

El fútbol fue la puerta de entrada de los narcotraficantes a la cultura popular colombiana.

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Juan Carlos De La Cuesta, dirigente de Atlético Nacional, señaló que en su club no se mira al pasado, sólo al futuro.
Foto: ecbloguer.com

Desde finales de los 70 eran los nuevos ricos del país, el sostén de las economías locales, los grandes benefactores de los pobres, y sin embargo les faltaba ganarse el respeto popular. Esto lo hicieron metiéndose de lleno en el fútbol, garantía de manejo de pasiones, de dominio de una masa que les iba a agradecer el entretenimiento de cada fin de semana.

Curiosamente el primer equipo a donde entraron dineros ilícitos no fue uno de los que suenan por estos días, sino el Unión Magdalena. Los hermanos Dávila Armenta, Raúl, Pedro y Eduardo, sospechosos de traficar marihuana durante la bonanza del fin de los 70 –pero contra quienes la justicia colombiana no tiene ningún cargo- compraron este equipo, sumido en una crisis desde su título de 1968, salvándolo de la quiebra y llevándolo a disputar el título de 1979.

Por esos días Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato. A diferencia de su hermano, que fue rechazado en el Deportivo Cali, él no estaba dispuesto a que la elite ignorara quien era el hombre más rico del departamento.

En 1979 el equipo, de la mano del director técnico Gabriel Ochoa Uribe sale campeón con un gran esfuerzo económico de la junta directiva. Este esfuerzo exigió la presencia de nuevos accionistas, y en enero de 1980 Miguel Rodríguez Orejuela pasó a ser el socio mayoritario, prácticamente dueño del club, y a compartir mesa directiva con el prometedor político Manuel Francisco Becerra.

En Medellín las cosas se presentaron de igual forma pues, mientras un benefactor llamado Pablo Escobar inauguraba canchas de fútbol y repartía mercados con un programa que lo llevó al Congreso, algunos de sus socios se hacían con el mando de Atlético Nacional y Deportivo Independiente Medellín para darle triunfos a los paisas, que no veían al DIM campeón desde 1957 y al Nacional desde 1976. Pablo Correa y Héctor Mesa se hicieron con el mayor paquete accionario del DIM, y ambos serían abaleados un par de años después. El mecenazgo del equipo pasó entonces a manos de Darío Ocampo, también vinculado con el narcotráfico.

La familia Botero Moreno era la propietaria del Atlético Nacional desde 1962. Los Botero eran además dueños de varias casas de cambio y, extrañamente, su capital creció muchísimo durante los 70, cuando estos establecimientos supuestamente entraron en crisis. Así que se les empezó a vincular con el lavado de dólares del grupo de mafiosos de Antioquia.

Bajo la dirección de Hernán Botero el Nacional trajo a Colombia al director técnico Osvaldo Zubeldía, campeón de la Copa Libertadores y de la Copa Intercontinental con el Estudiantes de Argentina, y contrató a los mundialistas peruanos César Cueto y Guillermo la Rosa, además del argentino Raúl Ramón Navarro y de varios de los mejores jugadores colombianos del momento, con lo cual logró los títulos de 1976 y 1981.

El MAS y el Pascual Guerrero

Precisamente en 1981, mientras el América de Rodríguez Orejuela, el Nacional de Botero y el Tolima, un equipo chico que se creció ese año con el apoyo de Ignacio Aguirre, alias ‘El coronel’, disputaban el campeonato profesional, el M-19 secuestró a Martha Nieves Ochoa, hermana de Jorge Luis Ochoa, el principal socio de Escobar Gaviria, y en ese mismo mes intentó secuestrar a Carlos Lehder, el puente entre los grupos de Cali y Medellín.

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Miguel Rodríguez Orejuela era uno más de los sufridos seguidores del América de Cali, el equipo popular del Valle que nunca había conseguido un campeonato.
Foto: distintaslatitudes.net

La guerra del Estado contra las guerrillas había hecho que estas buscaran financiación en diferentes fuentes, y la más usada por el M-19 era el secuestro de industriales que pudieran pagar grandes rescates. La irrupción de los “mágicos” los hizo blancos atractivo para la guerrilla: Ochoa y Lehder resultaban grandes presas.

Ochoa entonces organizó una reunión de la mafia donde se acordó crear el grupo Muerte a Secuestradores, MAS: “Una avioneta sobrevoló el estadio Pascual Guerrero de Cali” el día en que América y Nacional jugaban el primer partido del cuadrangular, mientras los espectadores veían caer papeles donde se decía que 223 capos aportaron 9 millones de dólares y 2000 hombres para combatir el secuestro”[1].

La guerra sucia empezó en Antioquia contra el M-19. Las masacres se multiplicaron y la policía no actuaba para nada. Muchos industriales “secuestrables” apoyaban en privado al MAS. El colmo llegó en enero de 1982, cuando Lehder publicó en los diarios nacionales un anuncio firmado como “secuestrable” y en el que decía que “lo lamentable de Mano Negra y del MAS es que no figuran en la páginas amarillas”[2].

El lavado de activos

Por esa época Millonarios estaba en una gran crisis deportiva y financiera. Reflejó de lo primero era que desde el título de 1978 el equipo no participaba en ninguna final. A comienzos de 1982, por cada peso que ingresaba al equipo se gastaba 1, 75 en el mantenimiento de la nómina.

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Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión.
Foto: futbolconpelotas.elcolombiano.com

Por eso entraron como socios mayoritarios Gonzalo Rodríguez Gacha y Edmer Tamayo Marín, con sus respectivas familias, y la silla que alguna vez había ocupado un caballero o como Alfonso Senior pasó a ser de un tipo de camisa abierta hasta el ombligo, botas texanas y sombrero vaquero con plumas de colores.

En el Santa Fe, Guillermo ‘La Chiva’ Cortés denunció que dineros sucios estaban entrando al equipo y se retiró cuando el dominio pasó a manos del Grupo Inverca de Cali, cuyos principales accionistas eran Fernando Carrillo y, posteriormente, Phanor Arizabaleta, miembro del cartel de Cali.

El Deportivo Pereira pasó a ser propiedad del multimillonario Octavio Piedrahita, a quien se vinculaba sin pruebas con el grupo de Pablo Escobar; sorprendentemente, en 1982 el equipo quedó de cuarto en el campeonato, pues tenía a Abel Augusto Lobatón, uno de los grandes goleadores peruanos de los 80:

La situación cambiaria y las ventajas que ofrecía la “ventanilla siniestra” hicieron que los equipos de fútbol dejaran de registrar sus pagos en dólares a los extranjeros pues esto les representaría pérdidas, y que los clubes como América y Millonarios fueran utilizados para lavar dólares. Esto se hacía de modo bastante simple: las transacciones con los equipos extranjeros se hacían en dólares pero se registraban en pesos, y además los contratos con estos jugadores extranjeros eran falsos, pues se firmaban por una cantidad menor a la que el futbolista recibía.

Esa fue la forma que encontró la justicia colombiana para atacar a los narcotraficantes: sus malos manejos administrativos de los clubes, unas lavadoras gigantes de dinero.

La denuncia y la guerra

El 21 octubre de 1983 el ministro de justicia Lara Bonilla dijo a los medios que “los equipos de fútbol profesional en poder de personas vinculadas al narcotráfico son Atlético Nacional, Millonarios, Santa Fe, Deportivo Independiente Medellín, América y Deportivo Pereira”[3], y le exigió al Congreso la expulsión de Pablo Escobar, a la vez que defendía la extradición de los narcotraficantes.

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El primer extraditado fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional. En acto de protesta, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional.
Foto: 123people.ca

Era la primera vez que alguien hacía una denuncia pública con nombres propios, y la reacción de los capos no se hizo esperar. La DIMAYOR, que reúne a los clubes profesionales y manda en los campeonatos, sencillamente negó las acusaciones del Ministro: en su consejo directivo se encontraban Juan José Bellini, mano derecha de Miguel Rodríguez en el América, luego presidente de la Federación de Fútbol y detenido en el Proceso 8.000, Eduardo Dávila Armenta (hoy preso), Hernán Botero y Octavio Piedrahita.

La mafia acusó a Lara Bonilla de recibir dinero del narcotraficante Evaristo Porras buscando su renuncia, pero el presidente Betancur lo mantuvo en su cargo y le prestó su apoyo.

El 24 de octubre Guillermo Cano escribió un editorial El Espectador donde aludió a “los deslenguados ´benefactores´ que en Antioquia y el Quindío intentan ganar el favor político con obras de acción comunal, obviamente halagadoras para los desposeídos que con miopía comprensible nada ven del sucio soborno que en esta forma se les propone”[4]. Lamentablemente el público aceptó este soborno, porque por entonces el fútbol colombiano exhibía una constelación de estrellas suramericanas. Fue un segundo Dorado, pero esta vez gracias al narcotráfico.

Los estadios volvieron a llenarse y el regionalismo se volvió exultante. Los medios y los equipos aprovecharon esta pasión. Los equipos grandes publicaron sus propias revistas, en papel fino y gran calidad en los colores y la diagramación; y los periódicos por su parte publicaban todos los lunes sus separatas deportivas. El cubrimiento televisivo de los goles de cada fecha le robaba más y más espacio a otras noticias, y en día de partidos era común que la mayor parte del noticiero se la llevara el fútbol. Pero a Lara Bonilla no le importó la euforia futbolera.-

A fines de 1983 Escobar fue expulsado del Congreso y la Superintendencia de Sociedades empezó a investigar posibles fraudes y lavado de dólares. Rodríguez Gacha desaparece entonces de los registros de accionistas de Millonarios y sus acciones pasan a manos de testaferros.

El 30 de abril de 1984 fue asesinado Lara. Los narcotraficantes confirmaron el terror que había comenzado con el reclutamiento de sicarios por parte de Escobar, y el adiestramiento de paramilitares, que comenzó con el MAS y prosiguió por obra de Rodríguez Gacha.

El presidente Betancur se vio abocado a ejercer su autoridad. El primer extraditado en la historia fue Hernán Botero, presidente de Atlético Nacional, y, en un polémico acto de protesta por esta decisión del gobierno, la DIMAYOR ordenó suspender la fecha profesional del 15 de noviembre de ese año.

Pocos días y algunos asesinados después, los cabecillas del Cartel de Medellín formaron un grupo de “Los extraditables” que, bajo el lema de preferir una tumba en Colombia a una cárcel en EE.UU., le declaraba la guerra a la extradición. Su logotipo era la imagen de un hombre encadenado de pies y manos que los colombianos habían visto hasta hacía muy poco tiempo en el palco del Atanasio Girardot apoyando a Nacional: su presidente Hernán Botero Moreno.

¿Hay todavía dineros del narcotráfico?

“En el fútbol colombiano ya no hay narcotráfico”, dijo Ramón Jesurún, presidente de la DIMAYOR tras las declaraciones de Gaitán.

Sin embargo los hechos no le ayudan a sostener sus declaraciones. El país, acostumbrado a esconder la cabeza para ignorar sus problemas, cree que con la muerte de Rodríguez Gacha, la captura de los Rodríguez Orejuela y la desaparición de los grandes carteles, los dineros sucios desaparecieron de nuestro fútbol. Pero no es así.

Claro, Nacional pasó a manos del Grupo Postobón desde los 90, con lo que su situación legal es intachable, así como la de Millonarios, que tras años bajo el control de la Dirección Nacional de Estupefacientes (que extinguió el dominio de las acciones del Mexicano y sus testaferros para usar luego el club como instrumento político y sin mayores resultados deportivos) ahora muestra un nuevo orden administrativo que comandan Gaitán y Noemí Sanín.

América, por su parte, aún sufre por la presencia accionaria de los herederos de Miguel Rodríguez Orejuela, lo que lo tiene en la llamada Lista Clinton.

Pero la diversificación del narcotráfico en paramilitarismo llevó a que los capos pasaran de controlar a los grandes equipos a mantenerse en el mundo de fútbol con clubes pequeños y con presencias casi intangibles.

En 2006 fue asesinado Gustavo Upegui, presidente del Envigado que siempre hizo presencia en las asambleas de la DIMAYOR, quien resultó ser una de las cabezas de la Oficina de Envigado, controlada por ‘Don Berna’, a quien se ha vinculado (sin pruebas) con el DIM. Sin embargo, en mayo pasado Rodrigo Tamayo Gallego y Mario de Jesús Valderrama, ex presidentes de este equipo, fueron condenados por lavado de activos.

En 2006 la revista Semana demostró la cercanía de Carlos Mario Jimènez, alias ‘Macaco’, con el Pereira, y desde entonces tres de sus dirigentes han tenido que responder en los estrados por lavado de activos, e incluso Jaime Enrique Acosta Artunduaga pasó por un proceso de extradición.

Santa Fe sufrió su propio infierno, y su ex presidente Luis Eduardo Méndez estuvo en prisión en Estados Unidos por obstruir la justicia de ese país. Méndez había sido abogado de César Villegas, ex presidente del equipo asesinado en marzo de 2002 y quien fue parte del Proceso 8.000 como testaferro de Cartel del Cali. Hoy Méndez vuelve a tener una posición de poder en el club y se le vio celebrando el título de julio pasado.

Lo cierto es que la organización del fútbol colombiano aún permite la presencia de estos personajes. Un fútbol pobre recibe bien los dineros que le permitan darle vida a un espectáculo que mueve millones y que no es controlado por el gobierno, que es particularmente permisivo con el fútbol.

Tras las declaraciones de Gaitán sobre la posible devolución de estrellas de Millonarios, el Superintendente de Sociedades Luis Guillermo Vélez contradijo a Jesurún y admitió que “todavía hay problemas corporativos en algunos clubes, que siguen pensando que estamos en el año 85, cuando se podían manejar los clubes como si fueran tiendas de barrio, eso ya se acabó, ahora tienen que todos poner un orden”.

Vélez, sin embargo, mostró la laxitud del gobierno sobre el tema: “Nosotros no queremos forzar esto a punta de garrote, no es nuestra idea, aquí trabajamos de la mano con los clubes, dirigiéndolos en el camino correcto, concertado con ellos y si hay alguna disparidad o si hay una desviación por parte de los clubes, pues sancionaremos, pero estamos trabajando con ellos para encausarlos en el camino adecuado”.

El fútbol, el principal entretenimiento nacional, la mayor fuente de pasiones de Colombia, es un tema espinoso con el que los diferentes gobiernos prefieren no meterse y aceptar la auto-regulación que defiende la FIFA.

Por eso el narcotráfico sigue ahí, aunque muchos lo nieguen o no lo quieran ver.

 

Columnista, blogger y profesor del Externado de Colombia. Actualmente dirige el portal Golcaracol.com, fue editor de Futbolred.com, la Revista Fútbol Total y jefe de redacción del Diario Deportivo.