“Es un camino para la impunidad”

Aunque los conceptos de la Procuraduría no obligan a la Corte Constitucional en sus decisiones de salvaguarda de la Carta Política, ayer el jefe del Ministerio Público, Alejandro Ordóñez Maldonado, al solicitarle al alto tribunal la inconstitucionalidad de la mayoría de artículos del llamado Marco Jurídico para la Paz, puso a tambalear esta herramienta esencial en la búsqueda de una salida política al conflicto armado que vive el país desde hace cinco décadas. De paso, le enredó el camino al proceso de paz que se adelanta en La Habana.

El procurador Ordóñez manifestó que el Acto Legislativo 01 de 2012, que formalizó la reforma constitucional del Marco Legal para la Paz, en varios de sus artículos “hace imposible” que se les garanticen los derechos a la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas, afectando los procesos judiciales en los que están relacionados los máximos comandantes de los grupos armados ilegales. Al solicitar la inexequibilidad de buena parte de sus contenidos, Ordóñez definió el articulado como un camino para la impunidad.

El jefe del Ministerio Público agregó que él “es amigo de la paz, pero de una paz auténtica”, y en su criterio, el Marco Legal aprobado en el Congreso no cumple con los requisitos para llegar a este punto, pues no se están respetando los derechos de las víctimas. “Las personas que se identifiquen como responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidio podrían beneficiarse de penas alternativas o modalidades especiales de cumplimiento de la pena. Es decir, podrían ni siquiera pagar un día de cárcel”, dijo Ordóñez.

En su concepto ante la Corte Constitucional, que deberá emitir un fallo de fondo en los próximos meses, Ordóñez resaltó: “Al habilitar el Marco Jurídico para la Paz se pone a Colombia en la misma situación que tienen sistemas judiciales inviables como los del Congo, Kenia, Camboya, Sierra Leona o la antigua Yugoslavia”. El procurador explicó que son varios los artículos del Marco Legal para la Paz que implican impunidad, en principio porque permitirían que sólo sean investigados delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra o genocidios, y no las demás conductas criminales.

El concepto del procurador Ordóñez causó revuelo ayer en círculos políticos, pues está claro que el Poder Legislativo aguarda con expectativa el examen de la Corte Constitucional al Marco Legal por la Paz para tramitar de inmediato una ley estatutaria que entre a reglamentarlo. Es decir, que el Congreso depende de lo que decida la Corte en este examen jurídico para reglamentar, por ejemplo, de qué manera va a operar la justicia a la hora de evaluar las conductas al margen de la ley de los beneficiarios de la paz.

El Acto Legislativo 01 de junio de 2012, a través del cual el Gobierno quedó facultado para impulsar una legislación especial cuando estime que están dadas las condiciones para pactar la paz con un grupo armado ilegal, fue demandado ante la Corte Constitucional por supuesta sustitución de la Carta Política y porque, en criterio de sus opositores, omite el deber de investigar todas las violaciones a los derechos humanos. De alguna manera, el mismo argumento con que el procurador en su concepto pidió a la Corte la inconstitucionalidad de la columna vertebral del proyecto.

Consultado el presidente del Congreso y autor del Marco Legal para la Paz, senador Roy Barreras, sobre las consecuencias del concepto emitido por el procurador, observó que en el momento del trámite de esta reforma constitucional se hizo un trabajo muy cuidadoso en el que incluso se consultó en calidad de exmagistrado de la Corte al actual fiscal Eduardo Montealegre. El senador Barreras agregó que aunque respeta la posición política y jurídica del jefe del Ministerio Público, cuyo oficio es disciplinar y castigar, confía en la independencia de la Corte Constitucional.

“El país debe entender que el justo medio para saldar hoy los procesos de paz es la justicia transicional e incluso en la Corte Penal Internacional se tiene claro que uno es el momento del juez y el otro el de hacer la paz. El término medio entre ambos fines es la justicia transicional, obviamente sin impunidad”, resaltó el senador Barreras, quien agregó que así como respecto al referendo que pretendía la segunda reelección de Uribe, el procurador lo avaló, pero la Corte Constitucional falló en contra, espera que esta vez el alto tribunal se aparte del criterio de Ordóñez.

El presidente del Congreso admitió que el examen de la Corte Constitucional al Marco Legal para la Paz es clave para el trámite de la ley estatutaria que debe hacerse para que esta reforma pueda aplicarse en situaciones concretas. Es más, insistió Roy Barreras, después del fallo del alto tribunal no se requiere una sola ley sino dos más: una para concretar aspectos del Estatuto de Desarrollo Rural y otra para definir todo lo relativo a la justicia transicional. Por tales razones, el concepto de la Procuraduría será estudiado exhaustivamente.

Frente a quienes creen que si la Corte tumba el Marco Legal para la Paz significa darles un golpe de gracia a las negociaciones que adelanta el gobierno Santos con las Farc, Barreras aclaró que en caso de un fallo adverso no se acabaría el proceso, pero si se dilataría, pues habría que buscar un nuevo mecanismo jurídico. “Sería a través de una nueva reforma constitucional o de la controvertida Asamblea Constituyente. De todos modos tendría que ser un articulado especial que determine aspectos como el delito político, la justicia alternativa o la suspensión de las penas”.

Prácticamente desde sus orígenes, la reforma constitucional del Marco Legal para la Paz ha sido blanco de críticas. Pero lo paradójico es que así como entre los líderes del uribismo se trató de una iniciativa equivocada, tampoco fue del gusto de los mismos guerrilleros de las Farc. Cabe recordar que en su momento el jefe guerrillero Iván Márquez manifestó: “No somos causa sino respuesta a la violencia del Estado, que es quien debe someterse a un marco jurídico para que responda por sus atrocidades y crímenes de lesa humanidad”.

Otro congresista muy cercano al proceso de paz, pero que prefirió mantener su nombre en reserva, expresó que el concepto del procurador Ordóñez —que no obliga a la Corte Constitucional— será examinado en detalle, pero lo que se espera es que el alto tribunal no sólo emita un fallo aprobatorio del Marco para la Paz, sino incluso una sentencia interpretativa que aporte elementos de juicio para desarrollarlo. La única salida es la justicia transicional, pero no sólo para los guerrilleros, sino también para los militares.

Esta apreciación coincide con el comentario del propio presidente Juan Manuel Santos esta semana en la base militar de Larandia en Caquetá, cuando advirtió que la justicia transicional no sólo cobijaría a los guerrilleros, sino a los militares que hoy pagan condenas. Una interpretación aún más amplia de la que hoy se tiene prevista en caso de prosperar los diálogos de paz de La Habana. En su momento se sabrá, pero por ahora el procurador cree que el Marco para la Paz viola compromisos internacionales adquiridos por Colombia respecto a la investigación y sanción de los diversos delitos.

Por: Hugo García Segura (Publicado en El Espectador, 5 de abril de 2013)
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